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30/01/2024

MOUIN RABBANI
Cómo hizo historia la ordenanza de la CIJ contra Israel por genocidio

Mouin Rabbani, DAWN, 26/1/2024
Traducido por Fausto Giudice, Tlaxcala

La ordenanza inicial dictada el viernes 26 de enero de 2024 por la Corte Internacional de Justicia sobre las acusaciones de genocidio contra Israel hizo historia, y no es una hipérbole.

Emad Hajjaj

 El máximo tribunal de las Naciones Unidas con sede en La Haya consideró “plausible” que Israel haya cometido actos contra los palestinos de Gaza que violan la Convención sobre el Genocidio. Aunque su fallo no es todavía un veredicto sobre si Israel ha cometido genocidio, algo que el tribunal podría tardar años en decidir, la CIJ dictaminó que tiene jurisdicción para seguir adelante con el caso que fue presentado por Sudáfrica, desestimando el principal argumento de Israel.

El tribunal dictó medidas provisionales para proteger a la devastada población de Gaza del riesgo de genocidio, entre ellas, que Israel debe garantizar “con efecto inmediato” que sus fuerzas militares no cometen ninguno de los actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, y que Israel debe “tomar todas las medidas” para prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio contra los palestinos de Gaza. Cada una de las seis medidas provisionales fue aprobada con el apoyo abrumador de los 17 jueces del tribunal, en votaciones de 16-1 y 15-2.

En esta fase del procedimiento en La Haya, el caso se reducía a una sola cuestión: si la CIJ determinaba que Sudáfrica había presentado una acusación plausible de que Israel está cometiendo genocidio y, sobre esta base, permitía que el caso avanzara hacia una vista completa. Todo lo demás es secundario. En este punto crucial, el veredicto del tribunal fue inequívoco: los argumentos presentados por Sudáfrica ante la CIJ a principios de este mes eran suficientemente convincentes, y las refutaciones y negaciones de Israel, poco convincentes. La CIJ celebrará ahora una vista completa y adecuada para determinar si Israel es no sólo plausiblemente acusado, sino sustancialmente responsable del crimen de genocidio en Gaza.

Aquí se hizo historia. A partir del 26 de enero de 2024, Israel y sus patrocinadores occidentales ya no podrán utilizar el Holocausto para protegerse de la rendición de cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino. Raz Segal, un destacado profesor de estudios sobre el Holocausto y el genocidio, señaló recientemente que el Estado de Israel nació en la impunidad. “La idea de que el Estado judío pueda cometer crímenes de guerra, por no hablar de genocidio, se convierte desde el principio en una idea impensable”, afirmó. “La impunidad para Israel está horneada en el sistema”.
No más.

27/06/2023

FRANCESCA LESSA
Cincuenta años después del golpe de Uruguay, ¿por qué tan pocas personas han sido juzgadas por los crímenes de la dictadura?


Francesca Lessa, La Conversación, 26/6/2023
Traducido por
Fausto Giudice, Tlaxcala

La Dra. Francesca Lessa (1980) es docente de Estudios y Desarrollo Latinoamericanos e investigadora en la Universidad de Oxford. Es autora del reciente libro The Condor Trials: Transnational Repression and Human Rights in South America, publicado por Yale University Press (2022). Es Coordinadora e Investigadora Principal del Proyecto Plan Cóndor.

El 27 de junio se cumplen 50 años del inicio del golpe de Estado en Uruguay. Ese día de 1973, el Presidente Juan María Bordaberry y las fuerzas armadas cerraron el Parlamento e inauguraron 12 años de terror de Estado (1973-1985).

Este aniversario ofrece la oportunidad de reflexionar sobre por qué Uruguay no ha juzgado a más personas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante esta dictadura.

El ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por violaciones de los derechos humanos. AP/Alamy

Durante décadas, Uruguay fue conocido como “la Suiza de América Latina”, dada su larga estabilidad, sus tradiciones democráticas y su Estado del bienestar. En 1973, se prestó poca atención al régimen uruguayo, quizás debido a la reputación del país y a su situación geopolítica, eclipsado por dos vecinos mayores, Argentina y Brasil. Ese año, la mayor parte de la atención internacional se centró en el espectacular golpe de Estado contra el presidente chileno, Salvador Allende.

Encarcelamiento, interrogatorio y tortura

Sin embargo, el régimen uruguayo fue igualmente violento y represivo. En poco tiempo, Uruguay se ganó un nuevo apodo: la “cámara de tortura de América Latina”. A principios de 1976, Uruguay tenía la mayor concentración per cápita de presos políticos del mundo.

Según Amnistía Internacional, uno de cada 500 ciudadanos estaba en prisión por motivos políticos y “uno de cada 50 ciudadanos había pasado por un periodo de encarcelamiento, que para muchos incluía interrogatorios y tortura”. Además de los miles de personas encarceladas y torturadas, la dictadura dejó un legado de 197 desapariciones forzadas patrocinadas por el Estado y 202 ejecuciones extrajudiciales entre 1968 y 1985.

La represión fue brutal no sólo dentro de las fronteras uruguayas, sino también fuera de ellas. Mi libro sobre la Operación Cóndor -una campaña represiva emprendida por las dictaduras sudamericanas, y respaldada por USA, para silenciar a los opositores en el exilio- ilustra cómo los uruguayos representan el mayor número de víctimas (el 48% del total) perseguidas más allá de las fronteras entre 1969 y 1981.

¿Justicia o impunidad?

Uruguay volvió a la democracia el 1° de marzo de 1985, con la toma de posesión del Presidente Juan María Sanguinetti. Las perspectivas de justicia fueron restringidas desde el principio. Los generales uruguayos y los representantes de tres partidos políticos habían negociado la transición a través del Pacto del Club Naval.

Entre otras cosas, éste establecía un calendario para el retorno de la democracia, restauraba el sistema político anterior a la dictadura, incluida la constitución de 1967, y convocaba elecciones nacionales para noviembre de 1984. Las elecciones se celebraron, pero con la prohibición de algunos políticos.

En diciembre de 1986, el parlamento democrático sancionó entonces la Ley N° 15848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta “ley de impunidad” blindó de hecho a policías y militares de la rendición de cuentas por las atrocidades de la época de la dictadura, garantizando el control y la supervisión de la justicia por parte del ejecutivo. Se introdujo en un momento de creciente oposición por parte de las fuerzas armadas a las incipientes investigaciones judiciales sobre crímenes del pasado.

La ley de caducidad consiguió que la política de impunidad auspiciada por el Estado, según la cual los delitos no se castigan, siguiera vigente durante 25 años, hasta 2011. En otro lugar he analizado los altibajos de la relación de Uruguay con la rendición de cuentas.

Avanzando rápidamente hasta la actualidad, Uruguay tiene reputación de ser líder regional en ciertos ámbitos de derechos humanos (por ejemplo, derechos reproductivos y matrimonio igualitario). Pero sólo ha conseguido una justicia muy limitada para las atrocidades de la época de la dictadura.

Comparación entre Uruguay y Argentina

Hasta junio de 2023, los tribunales uruguayos han dictado sentencias en sólo 20 casos penales y condenado a 28 acusados en total, algunos de los cuales estaban implicados en múltiples casos, (a partir de cifras recopiladas de datos míos y de la ONG Observatorio Luz Ibarburu).

Como punto de comparación, los tribunales argentinos han dictado 301 sentencias desde 2006, con 1.136 personas condenadas por los crímenes de la dictadura (1976-1983).

Asimismo, al 31 de diciembre de 2022 se han dictado 606 sentencias definitivas en juicios por crímenes de la época de la dictadura en Chile, 487 en causas penales y civiles (vistas en conjunto), y 119 sólo en causas civiles, según datos del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales.

Junto con colegas de la Universidad de Oxford, desarrollamos un enfoque para explicar por qué algunos países exigen responsabilidades a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, mientras que otros no lo hacen.

Se basa en cuatro factores: la demanda de la sociedad civil; la ausencia de agentes de veto (como políticos que se oponen a la rendición de cuentas o a la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado); el liderazgo judicial nacional; y la presión internacional. Este planteamiento básico ayuda a comprender las luchas perdurables en Uruguay. Aunque los cuatro factores están en juego en el país, chocan entre sí y favorecen la impunidad en general.

Uruguay ha sido testigo de importantes niveles de presión internacional, incluido el famoso veredicto “Gelman” de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue decisivo para derogar la ley de caducidad en 2011. Al mismo tiempo, la sociedad civil no ha cesado de reclamar justicia, desde el histórico referéndum de 1989 para derogar la ley de caducidad hasta, más recientemente, los llamamientos para modificar la ley de reparación de 2006 para los presos políticos.

Sin duda, la mayor parte de los avances en materia de justicia, verdad y reparación se han logrado en Uruguay gracias a los incansables esfuerzos de activistas y ONG, incluida la central sindical, que han espoleado a las autoridades a investigar.

Sin embargo, Uruguay nunca se ha comprometido con la investigación de las atrocidades del pasado como política de Estado, como sí lo ha hecho Argentina. Un conjunto de actores poderosos, que incluye a las fuerzas armadas, varios políticos y jueces de tribunales superiores, se han asegurado de que el muro de la impunidad se mantuviera en pie con pocas excepciones.

La falta de independencia judicial y la sanción de algunos jueces valientes que intentaron desafiar la impunidad en las décadas de 1990 y 2000 -la más reciente, Mariana Mota- también han obstaculizado el progreso.

Otro factor es el importante número de sentencias del Tribunal Supremo que restaron importancia a la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Sin embargo, podría haber cambios positivos en el horizonte. Un nuevo código de procedimiento penal introducido en 2017 significa que las denuncias de la época de la dictadura (presentadas desde entonces) se investigan con mayor rapidez. Y la creación en 2018 de una fiscalía especializada en crímenes contra la humanidad -una antigua demanda de los activistas de derechos humanos- ha dado lugar a que más investigaciones lleguen a juicio y a un ritmo más rápido.

Como dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti sobre la memoria y el olvido, cuando la verdad se extienda por el mundo: “esa verdad será que no hay olvido”.